Las Cortes de Cádiz y la sociedad española

Manuel Pérez Ledesma
Resumen

No hay unanimidad entre los historiadores españoles a la hora de analizar el carácter de la revolución que, al filo de la guerra de Independencia, se produjo en nuestro país y cuya plasmación se encuentra en las medidas legales adoptadas por los constituyentes de Cádiz durante los años 1810 a 1813. Sin duda, la interpretación más difundida procede de los trabajos de Miguel Artola, a partir de su libro pionero sobre Los orígenes de la España Contemporánea. AHí se definía a la revolución con los dos calificativos de liberal y burguesa, que reflejaban la conjunción de un cambio radical en el sistema político y el establecimiento de un «nuevo diseño de la sociedad». Diseño éste que se concretó en la creación de una «sociedad civil», es decir, de un sistema social en el que «individuos iguales en derechos establecen relaciones libres» entre ellos, gracias a la desaparición del sistema de privilegios propio de la sociedad estamental y a la correlativa uniformización de las condiciones jurídicas de los españoles. Que este cambio se definiera como burgués, y no sólo como liberal, se debía a que fue precisamente la burguesía la que protagonizó la transformación y, sobre todo, la que se benefició del nuevo marco legal para sustituir a la nobleza en la cúspide de la pirámide social. Truncado el proceso por la vuelta de Fernando VII y el restablecimiento del absolutismo, su continuidad habría que buscarla, primero en el Trienio liberal, y más tarde, en el período de consolidación revolucionaria posterior a la muerte del monarca. En suma -como, siguiendo esta interpretación, ha señalado Tomás y Valiente habría que pensar en un único proceso revolucionario de larga duración, que pasó por «sus fases, sus oscilaciones y sus frustraciones provisionales » hasta conseguir, finalmente, el triunfo 1.